Corea del Sur cumple este miércoles un año del fallido intento de imponer la ley marcial, una crisis que sacudió sus instituciones democráticas pero que el país asiático ha logrado encauzar con sus propios mecanismos legales, entre la incertidumbre sobre el desenlace de los juicios contra los principales implicados.
Alrededor de las 22:30 hora local (13:30 GMT) del 3 de diciembre de 2024, el entonces presidente Yoon Suk-yeol anunció la imposición de la ley marcial alegando la existencia de «fuerzas antiestatales» y «pro-Pionyang», principalmente entre el bloque de la oposición, el Partido Democráctico (DP).
El Ejército irrumpió en el complejo legislativo en la capital surcoreana, mientras la policía bloqueaba accesos, obligando a decenas de legisladores a saltar vallas para ingresar y votar la revocación del decreto. Entre ellos se encontraba el entonces líder del DP y actual presidente, Lee Jae-myung.
El país miró incrédulo, por televisión y transmisiones en vivo de legisladores y ciudadanos, el desarrollo de una medida que no se aplicaba desde la dictadura militar de Chun Doo-hwan en los años 80.
Días después, Yoon fue suspendido y finalmente se oficializó su destitución en abril. De las elecciones celebradas en junio salió victorioso Lee, quien había sido derrotado por el depuesto mandatario en los anteriores comicios.
La crisis fue sobrellevada mediante los mecanismos establecidos sin necesidad de medidas represivas, lo que consolidó a Corea del Sur como una democracia resiliente.
El nuevo Gobierno, que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, ha priorizado reconstruir la imagen de estabilidad del país, tanto a nivel local como internacional.
Fuente: EFE
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